El ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez se presentó este martes en el Plenario Legislativo para rendir cuentas sobre la minería ilegal en Crucitas.
El jerarca dijo que pese a la situación que se vive en este momento en Cutris de San Carlos, el caso de Crucitas “no es un desastre ambiental”.
Además, manifestó que detrás del trabajo de los coligalleros en la zona, hay estructuras de crimen organizado. Rodríguez añadió que en los últimos 10 años el país pasó de regalar el oro a un sistema donde le roban el oro.
“Es irónico y contradictorio que en la última década pasáramos de la minería del oro, a un sistema que nos roban el oro”. Agregó el jerarca del MINAE Carlos Manuel Rodríguez.
Quién indicó que durante el 2010 se aprobó una ley para prohibir la minería a cielo abierto en Crucitas y se ha autorizado la minería artesanal en la Zona Sur, Miramar y Abangares. El jerarca pidió apoyo para fortalecer la Dirección de Geología y Minas.
Para los diputados, el ministro dejó en evidencia la falta de un plan para solucionar la situación en Crucitas.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana, (PUSC), María Inés Solís, dijo que “urge regular la explotación de oro a cielo abierto, urge darles una solución a los pobladores de Crucitas”.
Por su parte la legisladora del Partido Liberación Nacional, (PLN), María José Corrales, criticó al gobierno por no tener un norte claro en el tema. “El ministro Carlos Manuel Rodríguez, viene a este Plenario Legislativo y lo que hace es minimizar la realidad ambiental que se vive en la zona norte del país.” Recalcó Corrales.
Por su parte la diputada del Partido Acción Ciudadana, (PAC), Paola Vega criticó fuertemente la normativa sobre la extracción minera en el país. “Una cochinada era lo que íbamos a cobrarle a las empresas trasnacionales por llevarse nuestro oro, diciéndolo básicamente lléveselo y pensando que eso era un modelo de desarrollo. Entonces desde ahí las cosas estaban mal” dijo Vega.
Datos de algunos estudios de la Dirección de Geología y Minas estiman que la sustracción ilegal de oro en Crucitas representaba hasta 2018 cerca de $197 millones y hoy rondaría los $500 millones.
