Un estudio de la Contraloría General de la República, sobre el avance en la implementación del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público, propuesto desde el 2014, determinó que a mayo del 2020, el avance con la aprobación de su diseño conceptual, y la hoja de ruta para la ejecución de las primeras fases del proyecto es lento.

La gerente de Servicios Económicos, Jéssica Víquez, dijo que el proyecto está a cargo de un comité conformado por los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) el Consejo de Transporte Público, el Incofer, la Aresep y el Banco Central de Costa Rica.

Revelaciones del informe:

Para la funcionaria, la investigación reveló una carencia de un plan de proyecto clave para orientar y gestionar estratégicamente el alcance, el tiempo, los riesgos y los recursos necesarios.

Además, existe una indefinición de roles, responsabilidades y habilidades requeridas del recurso humano, necesario para la implementación del proyecto.

Asimismo, no se han identificado los riesgos que se enfrentan para el desarrollo e implementación del sistema, lo que implica que no se gestionen.

Hay una ausencia de un plan de gestión de costos de proyectos, que permita planificarlos, estructurarlos, realizar estimaciones presupuestarias y controlarlos y hay una desactualización de los riesgos, y documentación del proyecto para implementar el sistema informático de recaudo, necesario para el pago electrónico.

Víquez dijo que se debe implementar el cálculo de las tarifas, la planificación y eficiencia del servicio que se brinda a la ciudadanía.

La Cámara Nacional de Transportes urge este proyecto

La directora de la Cámara Nacional de Transportes, Silvia Bolaños, aseguró que para el sector de transporte público, es importante avanzar en los procesos de modernización, siendo el pago electrónico uno de estos métodos.

Bolaños recordó que en el 2014, con la conformación de la primera Comisión se emitieron importantes recomendaciones a la administración relacionadas con el proceso de pago electrónico.

Sin embargo, hubo una decisión del viceministro de Transportes de ese entonces de separarse, por lo que se perdieron unos 2 años, aunque se retomó en el 2017.

Precisamente sobre este mismo tema, consultamos en el Banco Central de Costa Rica sobre su posición, y se nos informó que estaban preparando un comunicado de prensa interinstitucional al cierre de edición aún no lo habíamos recibido.

Dada esta investigación, para la Contraloría General de la República, estas medidas son necesarias ante la actual emergencia sanitaria que vive el país, pues consideran que incidiría positivamente en la salud, al disminuirse el contacto físico que implica el pago en efectivo.

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