Tras un largo proceso de discusión entre instituciones y entes relacionados, las modificaciones en el Reglamento de Fracciones y Urbanizaciones empezarán a regir a partir del próximo 13 de setiembre.

Este documento contempla nuevas reglas para la segregación de lotes en el país y el mismo no había sido actualizado desde hacía 38 años, aún con los cambios urbanísticos que ha tenido el país.

Además, beneficiará en particular a las municipalidades que no tienen plan regulador o aquellas que sí lo tienen pero no cuentan con un reglamento específico de fraccionamiento y urbanización. 

Algunos de las modificaciones que incluye este reglamento son la aplicación de nuevas reglas para la segregación de lotes. Por ejemplo, se logró reducir de 75 mil colones a 40 mil colones, el costo del plano que debían cancelar las personas que querían segregar los terrenos para la venta o herencia.

Anteriormente, para fraccionar un lote  de 900 metros 2 se debía ceder una parte de área  a las municipalidades e realizar trámites con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Ahora, en vez de ello, los fraccionamientos que incluyan hasta 7 lotes serán solo visados por la municipalidad del lugar y no deberán ceder parte del área a la misma. 

Además, a partir de las modificaciones se permitirá que los terrenos fraccionados con uso agrícola, pecuario, forestal o mixto, superior a los 900 m2, se podrán fraccionar sin servicios esenciales. 

Antes, las condiciones propuestas eran que todo fraccionamiento requería disponibilidad de servicios. 

En términos de derecho a la vía de la propiedad fraccionada, la modificación dejará en manos de las municipalidades la solicitud de ampliación o mejoras en la vía. De otra manera, antes era de carácter obligatorio dicha solicitud por parte de los propietarios.

“Estaremos trabajando con un reglamento que respeta la autonomía municipal, que va a respetar los derechos de propiedad y que va a permitir que Costa Rica tenga las reglas claras en el ordenamiento territorial”, señaló el Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Marco Antonio Zúñiga.

Pese a que  el inicio del proceso de modificación de este reglamento inició desde  el 2017, ha pasado por una discusión extensa debido a  distintas inconformidades con el planteamiento inicial.

Este reglamento beneficiará en particular a todas aquellas municipalidades que no tienen plan regulador o aquellas que sí lo tienen pero no cuentan con un reglamento específico de fraccionamiento y urbanización. 

Entre los participantes en este proceso destaca el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU); Ministerio de Vivienda y asentamientos humanos (MIVAH); Colegio de Ingenieros Topógrafos; Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; Registro Nacional; Gobierno Locales; Cámara Costarricense de la Construcción (CCC); entre otros.


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