Este lunes 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dieron el visto bueno al proyecto que modifica el artículo 26 de la Ley 2166 de los Salarios de la Administración Pública–mismo que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa– con el cual se pretende suspender el pago del rubro de anualidades durante los años 2021 y 2022.
Los letrados aprobaron el informe brindado por el magistrado de Sala Primera, Willian Mollinari, y concuerdan en que si bien el proyecto incide con el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, se debe aprobar para colaborar con la atención de la pandemia.
“Las razones por las que considero que hay que apoyar el proyecto, es porque es transitorio y es para efectos de que no se paguen solamente esas dos anualidades, después el régimen del pago de anualidades seguirá tal cual”, argumentó William Molinari, magistrado de la Sala Primera.
“Sí, tenemos que decir que sí incide, pero las circunstancias en que estamos, lógicamente, se comprende que esa incidencia es transitoria y es tan grave que permite señalar que la incidencia no es para que se requieran 38 votos”, acotó Fernando Cruz, magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En tanto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), cuestionó el papel de la corte con la decisión que tomaron.
Para ellos los magistrados tenían que interpretar la ley y no poner sobre ésta sus razonamientos personales.
“Si este proyecto afecta la estructura y organización del Poder Judicial, no es posible que, por una conveniencia política, los magistrados y magistradas actúen como si fuera diputados, es decir que tenían que haberse limitado a interpretar la ley y no a poner sobre la ley sus razonamientos personales”, criticó Jorge Cartín, secretario general de Sitrajud.
Mientras, para el Sindicato de la judicatura (Sindijud), no es válida la interpretación realizada de artículo 167 de la Constitución Política, donde, si el proyecto incide con el funcionamiento del Poder Judicial, debe entonces, ser aprobado por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, es decir por el voto de 38 diputados.
Para Jorge Morales, presidente de esa organización, hay un problema de legalidad constitucional, pues si ya la Corte que es el órgano máximo del Poder Judicial dijo que la iniciativa si afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, eso es lo que deben decir y por lo tanto se requieren 38 votos para continuar el trámite.
Otros cuatro magistrado votaron porque el proyecto no afecta el funcionamiento del Poder Judicial y seis se abstuvieron a votar.
