El Poder Ejecutivo presentó esta tarde a la Asamblea Legislativa una propuesta que contempla una reducción de la jornada laboral a trabajadores públicos ante la crisis económica generada por la pandemia.

La intención del Ejecutivo es la disminución de un 15% de la jornada laboral, durante 12 meses (un año) para 35.000 funcionarios públicos que devengan un salario bruto mensual de más de ¢1,5 millones.

De acuerdo con el gobierno la iniciativa le permitiría un ahorro de ¢129.700 millones en el pago de remuneraciones.

Se excluye de esta reducción de jornada al personal que labore en las siguientes dependencias, según indica en el artículo 2 del proyecto de ley:

  • Cuerpos de Policía
  • Benemérito Cuerpo de Bomberos
  • Ministerio de Salud
  • Caja Costarricense de Seguro Social
  • Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
  • Centros penitenciarios

La propuesta de ley instruye a las instituciones públicas que no paguen sus planillas por medio de los sistemas Integra 1 e Integra 2 –con excepción de las Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social– a trasladar a la caja única del Estado del Ministerio de Hacienda las diferencias salariales que se produzcan a su favor producto de la reducción de jornadas establecidas por esta ley.

El artículo 5 establece que en caso de finalización de la relación laboral, deberán utilizarse las remuneraciones previas a la entrada en vigencia de la mencionada ley.

Junto a esto, se presentó un proyecto de presupuesto extraordinario 2020, con una reducción de gasto por ₡327.974 millones y con la incorporación de poco más de ₡139 mil millones para la atención de la emergencia nacional generada por Covid-19.   

En su conjunto, ambas propuestas generarían una reducción del gasto público de ¢457.674 millones con el objetivo de enfrentar la situación extraordinaria que enfrentan las finanzas públicas, mitigar los efectos sobre la estabilidad macroeconómica y evitar un mayor nivel de déficit fiscal.

Hoy presentamos ante la Asamblea Legislativa el segundo proyecto de presupuesto extraordinario de la República con un recorte de gasto muy significativo que refleja el compromiso de todas las entidades incorporadas en el Presupuesto de la República por salvaguardar el equilibrio entre las necesidades de atención de la pandemia y la estabilidad macroeconómica y fiscal.   Este proyecto incorpora 75.000 millones para llevar el  Bono Proteger a las personas más necesitadas en este momento, también incluye  alrededor de 45.000 millones para suplir el dinero que la Caja Costarricense del Seguro Social ha dejado de recibir por la reducción en sus ingresos por efecto de la pandemia y la suma de 3.000 millones adicionales para el otorgamiento de nuevas pensiones del Régimen no Contributivo, apoyos fundamentales para atender a los grupos más vulnerables”, externó Elian Villegas, ministro de Hacienda

El monto de reducción de gastos se explica por dos conceptos, un primer componente de ₡52.468,7 millones que corresponde a la rebaja del destino específico debido a la caída de los ingresos debido al efecto de la pandemia sobre la economía nacional y, concretamente, sobre los ingresos tributarios.

Los restantes ₡275.505,5 millones corresponden a un recorte neto del presupuesto asignado a las instituciones incluidas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República vigente. 

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