La Ley de Empleo Público y la Ley de Salarios de la Administración Pública recibieron la presentación y aprobación de mociones de texto sustitutivo este martes en las comisiones legislativas.
Según el Poder Ejecutivo el objetivo es congelar o retener el pago de las anualidades de los funcionarios públicos durante los años 2021 y 2022 y así redireccionar los recursos para el pago de la deuda interna.
La modificiación señala que deberá aplicarse la evaluación del desempeño y se contarán como parte de la validación de todos los extremos laborales a los cuales tiene derecho el funcionario público.
Los legisladores discuten propuestas para excluir de la medida a aquellos funcionarios que se encuentran en la primera línea de la atención de la emergencia, como por ejemplo, fuerza pública, funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, Migración y Extranjería, entre otras.
Con respecto a la Ley Marco de Empleo Público, expediente, los integrantes de Gobierno y Administración trabajan en la segmentación de los funcionarios públicos de acuerdo al puesto que desempeñan, indistintamente de la institución para la que laboren.
La reforma al régimen de empleo público contempla a los tres Poderes de la República, órganos auxiliares, TSE, instituciones descentralizadas (CCSS, Universidades) y semiautónomas, así como municipalidades y sus respectivas empresas.
Además excluye a los entes públicos no estatales y las que operan bajo régimen de competencia (ICE, INS).
