Un proyecto de ley pretende ayudar a las personas que  enfrentan riesgo de ir a la cárcel porque la crisis de la pandemia por coronavirus los dejó sin recursos para pagar las pensiones alimenticias.  

Según la diputada del Partido Acción Ciudadana, (PAC), Paola Vega, el proyecto busca suspender el arresto de las personas que logren demostrar que debido a una reducción de sus ingresos, producto de la crisis que generó la pandemia desde el pasado mes  de marzo, no pueden pagar la pensión alimentaria.

Por otro lado, la iniciativa también plantea trasladar de manera temporal recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), a un Fondo de Pensiones Alimenticias, para que el Estado pueda subsidiar los casos de extrema necesidad.

La legisladora no precisó el monto total que se podría trasladar de Fonatel para ese Fondo de Pensiones, sin embargo, explicó que los recursos saldrán del pago trimestral que realizan los operadores de telecomunicaciones, que permanece “ocioso”.

Costa Rica Noticias consultó al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT), sobre el proyecto, sin embargo, respondieron mediante un correo electrónico que deben analizar la propuesta antes de emitir un criterio.

La Pensión alimentaria es un derecho reconocido por la ley, que le otorga a una persona la posibilidad de recibir una cantidad de dinero por parte de otra persona, que esté o haya estado unida a ella por lazos de parentesco o por haber mantenido una relación de pareja reconocida judicialmente.

El incumplimiento del pago  de la misma, se considera una forma de violencia patrimonial. 

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