La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos confirmó que se sigue una investigación contra de Isaac Castro Esquivel por el presunto delito de incumplimiento de deberes en el caso conocido como Aldesa.
Se trata del recién nombrado viceministro de Ingresos de Hacienda quien se desempeñó como Intendente de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) entre el 2015 -2020, cuando se dio la crisis de Aldesa.
Los diputados de oposición criticaron la falta de filtros en el gobierno para hacer los nombramientos del gabinete y pidieron la salida de Castro.
La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, calificó el hecho como algo "impresentable" y señaló que el gobierno debe cuidar esos detalles que permiten generar confianza y restar incertidumbre.
Rodolfo Peña, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que si el Presidente de la República es consecuente con el mismo discurso de transparencia que ha dado en su administración, debería dar la directriz al ministro de Hacienda de separar al viceministro.
Consultado sobre esto, el jefe de la bancada oficialsita, Enrique Sánchez, (Partido Acción Ciudadana), aseguró que este tema debería analizarse a lo interno del Ministerio de Hacienda, pues "puede cometerse algún error en esos procesos" y lo que se tiene que dimensionar es si esta situación le resta los méritos o las capacidades y la formación que tiene para ejercer este cargo.
Costa Rica Noticias consultó el caso en el Ministerio de Hacienda, a lo que respondieron mediante un correo electrónico que: “Por respeto al proceso penal que lleva la Fiscalía General de la República, existe un apéndice donde se sigue un proceso por el que se revisa la actuación de un grupo de funcionarios de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), bajo la hipótesis del posible incumplimiento de deberes, a lo que se expone todo funcionario público en el ejercicio de sus labores. Por respeto a dicho proceso penal, el señor ministro de Hacienda, Elián Villegas, y el señor viceministro, Isaac Castro, no se referirán más a este tema".
Según el artículo 339 del Código Penal, el delito de incumplimiento establece una pena de inhabilitación de uno a cuatro años al funcionario público “que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función”.
