El INS transfiere ¢75 mil millones al Ministerio de Hacienda para el bono proteger

Ley aprobado y publicada esta semana permitió la transferencia de dinero. Foto ilustrativa

El Ministerio de Hacienda recibió ¢75 mil millones del Instituto Nacional de Seguros, INS, que irán a respaldar la entrega del bono proteger, una ayuda económica a las personas que perdieron su empleo o se les redujo sus jornadas laborales y por ende los ingresos ante la pandemia.

La transferencia fue posible a la ley Ley 9847, publicada este martes en el Diario Oficial La Gaceta.  Y la transferencia del dinero se hizo solo dos días después de publicada la norma.

El bono proteger brinda un subsidio por tres meses, de ¢62.500 ó ¢125.000, a personas afectadas laboralmente.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social así como el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, manifestaron que en último corte habían depositado 414 mil bonos.

Según las instituciones, 866 577 personas fueron identificadas para recibir esta ayuda.

Asimismo San José es la provincia con más solicitudes para acceder al Bono Proteger, con 274.713 y Limón tiene menos solicitudes con 84.904.

Por ahora hay 2.323 personas que son investigadas por aparentes anomalías.

Lo que dice la ley

De acuerdo con el artículo 31 del Decreto de creación del Bono Proteger, se revocará la solicitud si se demuestra que la persona no ha finalizado su contrato de trabajo o no se ha reducido de jornada, entre otras causas y se dará un informe a las autoridades judiciales.

Según el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 42305, no pueden ser beneficiarias los menores de 15 años, los trabajadores del sector público, las personas pensionadas de cualquier régimen, los privados de libertad, los integrantes de hogares beneficiarios de transferencias monetarias del Estado iguales o mayores a 50.000 colones y quienes tengan un trabajo remunerado al 100% de su jornada.

Con el monto depositado por el INS, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar estos recursos en un presupuesto extraordinario para ser enviado a la Asamblea Legislativa.

Una vez aprobado, el Ministerio de Trabajo podrá disponer de inmediato de los recursos, mientras que el IMAS requerirá el aval final de la Contraloría General de la República para su ejecución.