Una nueva ley establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años a quien dañe de cualquier forma un poliducto.
En tanto, para la persona que mediante el uso de la fuerza robe combustible o algún derivado de petróleo la pena será de cinco a 15 años de cárcel.
Mientras que la persona que compre, venda, distribuya o comercialice mediante cualquier título, con fines de venta, combustibles derivados de petróleo que se trate de un producto exonerado para uso del sector pesquero no deportivo, a cualquier otra persona física o jurídica no beneficiado legalmente por dicha exoneración, se expondrá a una pena de tres a cinco años de cárcel.
Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que la pena se agravará cuando dicha venta, suministro o comercialización sea con fines de actividades de narcotráfico o piratería.
Según Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), esta actividad ilícita no solo afecta las finanzas del Estado, sino que también genera un financiamiento del crimen organizado.
El proyecto contó con el apoyo unánime de 45 diputados.
