"Es un genocidio impulsado por una negligencia criminal", así calificó la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano las decisiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, en torno al Covid-19.
La ONG hizo un llamado a la comunidad internacional para tomar medidas tendientes a proteger a la población civil y no hacer oídos sordos ante una tragedia real que podría ocasionar la muerte de miles de personas.
"Nicaragua tiene aproximadamente 6.5 millones de personas. Para que una pandemia pare, se tiene que infectar el 80% de la población con una proyección de fallecimientos del 2,5 al 5%. Conocimiendo estos datos y en las condiciones en que Nicaragua está respondiendo en la pandemia, se morirían al final un poco más de 260.000 personas nicaraguenses", explicó Yayo Vicente, veterinario especializado en Epidemiología.
Por su parte, la socióloga Elvira Cuadra, quien además es nicaragüense, dejó en evidencia como el desinterés por la muerte de personas, se ha convertido en una estrategia de control político.
"Obligan al personal de salud a no protegerse, a no usar mascarillas, ni batas ni ningún tipo de equipo de protección, lo que ha ocasionado un aumento en el contagio de los profesionales de salud e incluso su muerte. En este momento, cuando en Nicaragua se está dando un incremento de la curva de contagio, gran cantidad de personal de salud está contagiado o ha fallecido y no lo dicen”, denunció la socióloga nicaragüense.
Francisco Aguilar, experto en derechos humanos, explicó que en Nicaragua se da un genocidio por negligencia calculada y recalcó que Costa Rica como nación tiene una responsabilidad de proteger la población del país vecino.
“Nuestro deber como costarricenses para con el pueblo nicaraguense es darles todo el apoyo necesario. No es posible que se esté dejando morir a la gente y se escondan los datos”, recalcó Aguilar.
Datos en Nicaragua.
La Organización Panamericana de la Salud acusó que Nicaragua ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por COVID-19 y recordó que una mejor respuesta a la pandemia requiere conocer la situación en el país.
El director de Emergencias Sanitarias de la OPS, Cairo Ugarte, dijo que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua no cumple su responsabilidad de informar sobre el impacto del nuevo coronavirus, según lo estipula el Reglamento Sanitario Internacional del que el país es signatario.
El régimen confirmó, hasta este martes, 254 casos de COVID-19 y 17 muertos, un crecimiento sustancial respecto a los 25 casos y las ocho muertes que reconocían la semana pasada.
El Observatorio Ciudadano, una iniciativa de la sociedad civil, contabilizó hasta el 13 de mayo 266 fallecidos y 1.270 casos sospechosos.
