El Presidente de la República, Carlos Alvarado, tiene 10 días hábiles para definir si hará caso a la recomendación del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, de vetar parcialmente el proyecto denominado ‘Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades" ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19 en el que se excluyen a los gobiernos locales de la regla fiscal y se les permite el crecimiento de sus gastos.
Si el presidente objeta el proyecto de ley, la presidencia de la Asamblea lo comunicará a los legisladores quienes podrían aceptarlo o proponer un resello es decir dejar sin efecto el veto presidencial, siempre y cuando cuente con el apoyo de 38 diputados.
Ante este panorama, los legisladores están a la espera de lo que hará el Presidente de la República.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo que el apoyaría nuevamente dejar por fuera a las municipalidades de la regla fiscal, debido a que los gobiernos locales dependen de sus ingresos, lo cual no significa que sea mayor endeudamiento para el Gobierno central.
El diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien se opuso al proyecto, adujo que no tiene nada de sentido que el ministro de Hacienda pida el veto de una iniciativa de ley que el Presidente de la República convocó en sesiones extraordinarias.
La diputada Yorleni León, del Partido Liberación Nacional (PLN), espera que el presidente vete ese proyecto de ley, pues considera que no es posible que los costarricenses tengan que cargar “irresponsabilidades” de gobiernos locales que se endeudan y sobreendeudan y después se deberán asumir a través de presupuestos públicos.
Por su parte, la diputada Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional, expresó que en su bancada esperarán la reacción del presidente, pero que es necesario que en el Ejecutivo se pongan de acuerdo.
En la bancada oficialista, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez considera que el proyecto se aprobó basado en los aportes que hizo el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y otras instituciones, para lograr un equilibrio que no afecte las finanzas públicas y que las municipalidades puedan atender de una mejor manera la emergencia.
Este proyecto de ley tuvo fuertes críticos de la Contraloría General de la República y el Banco Central por considerar que afectaría las finanzas públicas.
Además, el ministro de Hacienda indicó que en este momento de crisis fiscal es inaceptable hacer excepciones.
