El gobierno dio a conocer un nuevo proyecto que pretende ordenar el régimen de empleo público, que incluye cambios para las nuevas contrataciones en el sector, por ejemplo, menos días de vacaciones, salario único y elimina los incentivos salariales.
En el texto se crea un único régimen de empleo público que gobernará las ocho familias de puestos que lo integran. Estas son personas servidoras públicas en general, del área de salud, de cuerpos policiales, de educación, de universidades públicas, de administración de la justicia, del servicio exterior y personal de confianza.
Además, se introduce una columna salarial para determinar el salario global de cada familia de puestos y establece al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) como rector de empleo público. También se crea el salario único para el nuevo personal, elimina los incentivos monetarios, reducen las vacaciones de 30 a 20 días hábiles y solicita a las instituciones elaborar un plan para realizar los nombramientos en propiedad, en aquellas plazas que se encuentran interinas vacantes.
Según la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, se estima que aplicando estas medidas se podría generar un ahorro anual del 0.7% del PIB lo que equivale a ₡70 mil millones.
El nuevo texto ya está en la corriente legislativa por lo que el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió a los legisladores darle la prioridad de caso y aprobar otros tres proyectos relacionados, como el cierre del Fondo Nacional de Becas (presentado el año anterior), el proyecto PAGAR, que reduce el gasto público y genera eficiencias en nuestra institucionalidad, así como suspender el pago o reconocimiento de la anualidad 2020 a empleados públicos.
Por otro lado, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) consideran que este no es un buen momento para presentar este proyecto de ley, debido a la emergencia que se vive por el Covid-19, la cual afecta salarialmente a muchos trabajadores. Albino Vargas criticó que el proyecto no toca altos los salarios de los magistrados, gerentes bancarios ni presidentes ejecutivos, y solamente afecta a los trabajadores municipales, a los maestros, a los trabajadores de la salud.
Estas medidas se aplicarían solamente para los nuevos trabajadores que ingresen al sector público.
