Países de Latinoamérica toman diferentes medidas con los privados de libertad con factores de riesgo ante el Covid-19

La cantidad de privados de libertad que eventualmente podrían continuar cumpliendo sus condenas fuera de la cárcel por un plazo de tres meses aún se desconoce. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Paz, la tarde de este miércoles.

Los privados de libertad que reciban este beneficio serán todos aquellos con algún factor de riesgo ante el Covid-19 y que  además cumplan con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Criminología.

Desde el martes 21 de abril se realizan las valoraciones por orden de los juzgados de ejecución de la pena de Cartago, Limón y Alajuela.

La solicitud de estos juzgados es para que todos los privados de libertad con factores de riesgo sean tomados en cuenta en las valoraciones extraordinarias,  aseguró Odilie Robles,  Jueza de ejecución de la pena de Alajuela.

Mujeres embarazadas y con hijos menores de tres años, privados de libertad mayores de 60 años, enfermos terminales y personas próximos a cumplir la condena, pero que no hayan cometido delitos graves son candidatos. 

Otros países. Mientras esto se anunció en Costa Rica, algunos países de la región ya tomaron medidas. Por ejemplo, en Perú, preparan el indulto para tres grupos específicos de privados de libertad en las 68 cárceles de ese país.

En México, el Senado aprobó el lunes una ley de amnistía que aplicará indultos.

En El Salvador realizaban valoraciones para cambiar las medidas a 557 privados de libertad en estado de vulnerabilidad ante el Covid-19; sin embargo, días atrás ese análisis se paralizó.

El periodista salvadoreño Antonio Valladares informó que una de las propuestas era que estas personas usaran brazaletes electronicos de seguimiento satelital. También incluían que los posibles beneficiarios deben tener más de 60 años de edad y con enfermedades crónicas; no obstante, por el momento, no se ha logrado el visto bueno de las autoridades penitenciarias.

Entidades que analizan. El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) realizó un estudio sobre cuáles son las respuestas de los países de la región para garantizar la seguridad y la salud de los privados de libertad ante la pandemia.

En el estudio concluyó que hay numerosas legislaciones, numerosas experiencias en sedes carcelarias y  acciones en Ministerios Públicos de muchos países que tienden a reducir el riesgo que hay con el Covid-19, mediante la puesta en marcha de mecanismos que permitan desinstitucionalizar personas que se encuentran privadas de libertad. Dicha información la señaló Douglas Durán, director del Ilanud. 

Tambíen otro organismo que se pronunció fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  que instó a los países, el pasado 31 de marzo, a que tomaran medidas de protección para estas personas.

“Urge a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del Covid-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación”, señaló la CIDH.

En Costa Rica, por medio de valoraciones previas, 43 privados de libertad, entre ellos, adultos mayores y mujeres embarazadas ya tienen el aval para ser trasladados al régimen semiinstitucional.

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