La baja demanda en el servicio de autobús debido a las restricciones impuestas por el Covid-19 provocó el despido de 1.500 trabajadores. Así lo aseguran los empresarios del sector quienes se oponen a congelar una rebaja en el precio del diésel.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Transportistas (Canatrans), en Costa Rica cerca de 1,6 millones de personas utilizaba el servicio de autobús, previo a la emergencia nacional, pero la demanda cayó 80%
La considerable baja de usuarios se da por las distintas medidas sanitarias que se han tomado por parte del Ministerio de Salud y que buscan prioritariamente que las personas estén en sus casas. En este sentido, se promueve el teletrabajo tanto en el sector público como en el privado. Solo en el sector público unas 50.000 personas trabajan bajo esa modalidad.
Según Canatrans esto obligó a los autobuseros a prescindir del servicio de 1.500 colaboradores. Además están en proceso de aplicar la reducción de jornada laboral al 60% del personal y, aproximadamente, el 25% está encaminado a la suspensión del contrato de trabajo.
“Esto es insostenible. Hay una reducción en la demanda del servicio del 80%, con la flota detenida en los planteles y aunque, las empresas han tomado acciones para evitar prescindir de su personal, es una situación que ya se nos salió de las manos”, manifestó Silvia Bolaños, directora ejecutiva de Canatrans.
Pero el problema no termina con estos números, pues Canatrans ejerce una fuerte presión en la Asamblea Legislativa por el Proyecto de Ley que se discute y que busca frenar la rebaja en los precios de los combustibles. Para los atubuseros esto provocaría un efecto más que negativo para el sector productivo, el cual se traduciría en mayor desempleo.
“La rebaja de los combustibles representaba un pequeño respiro para las finanzas de las empresas. No obstante, la iniciativa que se encuentra en discusión en el Plenario Legislativo, no solo congelaría la disminución, sino que provocaría un incremento del precio final del combustible, siendo contraproducente para empresarios como para los usuarios, los cuales son la fuerza laboral del país y en general, son personas de recursos medios y bajos”, explicó
El proyecto de ley ya tiene varias piedras en el camino, pues diputados y algunos otros sectores, como la Cámara de Combustibles se opoen a bajo el argumento de que no sería solidario como ha dicho el Gobierno.
