La ley aprobada por la Asamblea Legislativa para que las operadoras de telefonía celular bloqueen la señal en las cárceles del país debía entrar en vigencia el pasado 11 de abril.

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 causó que los técnicos extranjeros encargados de colocar los equipos y certificar el funcionamiento no hayan podido viajar.

Hace algunos meses circuló en redes sociales un video donde se observaba a varios privados de libertad con lo que parecía un centro de llamadas para cometer estafas y fraudes desde prisión.

La situación fue determinante para finalmente exigirle a las operadoras de que en nueve meses desarrollaran el sistema e instalaran los equipos necesarios. No obstante, ese tiempo finalizó el sábado anterior.

Al respecto,  la Ministra de Justicia, Fiorella Salazar, explicó que las operadoras de telefonía celular ya tienen contratadas las empresas que ofrecerán la tecnología para activar el bloqueo y que estaban en las pruebas de funcionamiento justo cuando inició la emergencia con el Covid-19.

Este proyecto tuvo gran apoyo de los cuerpos policiales del país, ya que se pretende disminuir la cantidad de estafas o fraudes que se cometen a través de llamadas o por medio de internet móvil.

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