Con el fin de evitar un aumento en el desempleo, en medio de la recesión económica que vive el país, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que permitirá reducir las jornadas laborales y el salario de los empleados, sin romper contratos, cuando los ingresos de las empresas se vean afectados por la emergencia nacional.

Dicha iniciatuva establece una protección para algunos empleados, tales como las embarazadas, o aquellos  funcionarios  que cuentan con alguna licencia especial.

Para solicitar la reducción de las jornadas, cada empresa deberá justificar con pruebas, la reducción de sus ingresos por causa de la emergencia. Las disminuciones se compararán con relación al mismo mes del año anterior.

La Inspección del Ministerio de Trabajo se encargará de llevar a cabo la tramitación de la solicitud de autorización de reducción de jornadas de trabajo cuando las empresas cumplan con los requisitos que establecerá la ley.

Esta flexibilización es una medida temporal que se mantendrá por los próximos tres meses que podrían prorrogarse en caso de que continúe el estado de emergencia por el COVID-19.

Melannie Corrales, Periodista CR Noticias

 

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